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Hace más de siete meses que nadie puede caminar por las calles de San Juan Copala, el centro político y ceremonial de la cultura triqui, en el poniente del estado mexicano de Oaxaca. Desde aquel 28 de noviembre de 2009, cuando las primeras ráfagas de fusiles de asalto AK-47 y AR-15 obligaron a los pobladores a recluirse en sus casas, han pasado 219 días.
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Nancy Flores
Al menos un centenar de activistas, periodistas y políticos han sido ejecutados en el gobierno de Calderón Hinojosa. En este mismo periodo, la PGR admite tener conocimiento de 35 crímenes de lesa humanidad. Mientras la estrategia militar antinarcóticos incluye caravanas de la muerte, el Estado mexicano se ve implicado en miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles y supuestos delincuentes
Mayela Sánchez
Como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna Jaime gastó más de 60 millones de pesos en “asesorías” y “estudios” en sólo cuatro años. Entre los contratados por el excomisionado, figuran funcionarios en activo y personajes vinculados con dos polémicos episodios en la historia de las telecomunicaciones en México: la aprobación de la Ley Televisa y el litigio promovido por Unefon, por el que el Estado perdió 546 millones de pesos
Nydia Egremy
En la línea entre México y Estados Unidos, los agentes de la Patrulla Fronteriza son “el primer bastión de la seguridad” para contener, perseguir y apresar a quienes se filtran a ese país sin visa. Ante tal responsabilidad, los uniformados repelen un “ataque” de piedras con balas de 40 milímetros contra un joven como Sergio Adrián Hernández, lo mismo que apalean y aplican descargas eléctricas al cuerpo de Anastasio Hernández hasta matarlo. “Están demasiado neuróticos y les conviene ir al siquiatra”, propone un analista |
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Jorge Torres
Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, los arraigos de supuestos delincuentes en instalaciones militares se cuentan por decenas. Tanto el Ejército Mexicano como la Procuraduría General de la República se niegan a informar del número total de civiles “bajo custodia” militar. Organizaciones defensoras de derechos humanos documentan torturas y abusos de quienes sobreviven a las cárceles castrenses. Ninguna autoridad civil tiene siquiera conocimiento de lo que sucede en esos centros de reclusión
Elva Mendoza / Edgar Guzmán
La Procuraduría Ambiental del Distrito Federal reconoce que el proyecto de la Supervía, por realizarse en el poniente de la ciudad, no deja a salvo los derechos ambientales y territoriales de los habitantes de la zona. A pesar de las deficiencias del proyecto –señaladas por una instancia de la propia administración de Marcelo Ebrard– y de que el dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente no ha sido emitido, el gobierno perredista inicia la construcción de la vialidad. Decenas de miles de árboles (algunos de ellos de especies amenazadas) serán talados y se lesionará el hábitat de especies animales en peligro. Se “incumple la Ley Ambiental”, señala el documento oficial
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