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Desempleo, pérdida del poder adquisitivo e inseguridad laboral y social, características de la precarización del trabajo en México. Expertos en la materia aseguran que la falta de garantías para la clase trabajadora es diametralmente opuesta a los privilegios conseguidos por los empresarios
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Se apagan los motores del crecimiento y, por interés electorero, el gobierno retrasa la aplicación de programas que generen empleos, explica especialista.
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El gobierno de Mario Marín omitió ejercer 95 millones 368 mil 700 pesos para el combate al narcomenudeo, profesionalización de policías y el mejoramiento de reclusorios durante 2006, revela la ASF. Mientras, el consumo de drogas en Puebla avanza 16 escaños en el ámbito nacional.
La administración de Felipe Calderón Hinojosa “dona” más de 1 mil 300 millones de pesos a los sindicatos de la burocracia. El petrolero, encabezado por Carlos Romero Deschamps, obtiene casi la cuarta parte de las transferencias, revela la ASF.
En tanto, la SHCP reporta que en 2008 la CTM fue la principal beneficiaria.
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Desde la década de 1990, el gobierno es incapaz de crear políticas públicas eficaces para contener la pérdida de empleos formales: más de 12.1 millones de mexicanos realizan actividades ilícitas para sobrevivir, sostiene especialista. En el primer trimestre de este año, el desempleo tocó su máximo histórico (5.3 por ciento). Entre noviembre de 2008 y marzo de 2009 se perdieron 600 mil fuentes de trabajo. En un año, casi 1 millón de personas ingresaron a las filas de la informalidad.
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La ASF detecta corrupción y malversación de recursos en los programas de Empleo Temporal y Subsidio a la Vivienda en Tabasco y Chiapas, respectivamente, desarrollados tras las inundaciones que azotaron ambas entidades en octubre de 2007.
Oficio de papel
Miguel Badillo
Opinión
Jorge Luis Sierra*
Lotenal, caja chica de la derecha
Edgar González Ruiz*
La inviabilidad financiera del Estado
Marcos Chávez
Ineptitud de Lozano atiza conflicto minero
Álvaro Cepeda Neri
Alimentación Amenazada
Carlos Sánchez Flores
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La corrupción que campea en el Congreso –y no el “terrorismo”– parece ser la mayor amenaza para la “democracia” estadunidense: corporaciones aumentaron a 3 mil 200 millones de dólares sus gastos en el lobby parlamentario para comprar la aprobación de leyes de su conveniencia, mientras congresistas demócratas y republicanos invierten sus ganancias en acciones de las industrias militares que contratan con el gobierno a través del Pentágono, según un balance preliminar de noticias ocultas investigadas para el informe Proyecto Censurado 2010.
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