Los calderonistas no hayan cómo “tapar el pozo después del niño ahogado”, a propósito de la ola levantada durante y después de que los periodistas Óscar Solís, Jaime Canales, Héctor Gordoa y Alejandro Hernández fueron secuestrados en Durango. En el clásico montaje del poder tras el trono calderonista (ver en Siempre!, 8 de agosto de 2010, la entrevista sobre el asunto a la incisiva reportera Anabel Hernández, periodista de Reporte índigo, y el editorial de la periodista Beatriz Pagés), sorpresivamente fueron liberados por el policía García Luna (uno de los más corruptos panistas-calderonistas).

A partir de ese hecho, se ha levantado una polvareda que va desde proponer que todos los reporteros usen chalecos y cascos antibalas hasta una reunión urgente de organismos internacionales, precedidos por la Organización de las Naciones Unidas, para diseñar una estrategia en defensa de los periodistas, para que cumplan con sus tareas. Pero el caso en nuestro país no es exclusivamente de los trabajadores de los medios de comunicación, donde muchos de ellos han sufrido amenazas y chantajes por parte de la delincuencia (como a Ciro Gómez Leyva, de Milenio, y a Denisse Maerker en su programa Punto de partida). La cuestión es que, al menos, 100 millones de mexicanos (si descontamos los 15 millones más que arroja el censo poblacional, que son los delincuentes, los ricos, los que ya emigraron al extranjero, los millonarios y multimillonarios que compraron, como Slim, su casa-mansión en Nueva York) requerimos garantías para sobrevivir.

La paz pública, en los términos del artículo 29 constitucional, ha sido gravemente perturbada y ha puesto “a la sociedad en grave peligro”, al grado que los ciudadanos, periodistas o no, son víctimas de secuestros, homicidios (“los daños colaterales” de Calderón al estilo del corrido de Guanajuato, donde “la vida no vale nada”), levantones y demás terrorismos, que llevan a cabo los delincuentes, las policías y los soldados con toda impunidad. Todos los mexicanos, no sólo los periodistas, vivimos en la zozobra de que cualquier día un delincuente, un narcotraficante, un soldado o un policía disparen su cuerno de chivo sin ton ni son y maten a un niño, a un estudiante, a mujeres, porque sí o porque se hacen justicia por su propia mano. Estamos en la mira de esos asesinos con o sin uniforme; más toda la impunidad y los gobernantes, obligados constitucionalmente a garantizar el máximo de seguridad, se muestran incapaces o son cómplices de la delincuencia. Estamos peor que en Irak, que en Pakistán y cualquier otro país en guerras intestinas. En México, delincuencias, policías, soldados y funcionarios cometen homicidios a discreción y otros delitos graves contra todos los mexicanos, entre los cuales están, también, los periodistas que no demandan protección solamente para ellos. La queremos para todos los mexicanos desde Quintana Roo a Baja California… para los 32 espacios de la Federación.

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